Como organizaciones y ciudadanos comprometidos con la justicia ambiental, la salud pública y el derecho a una ciudad sana y sostenible —amparados en los artículos 14, 32 y 73 de la Constitución del Ecuador—, y ejerciendo nuestro derecho a la participación en los asuntos públicos (Art. 61) en cumplimiento de la Ordenanza Metropolitana No. 038-2022, expresamos nuestra profunda preocupación frente al proyecto del Nuevo Complejo Ambiental presentado por EMGIRS EP.

Reconocemos el esfuerzo del Municipio de Quito por buscar soluciones a la crisis del manejo de residuos; sin embargo, el enfoque centrado en la disposición final y la logística de transporte, sigue siendo parcial, al no incluir medidas de prevención, separación en la fuente, inclusión social ni protección de la salud, y sistemas de monitoreo qué son fundamentales para la sostenibilidad del sistema a largo plazo. La basura no es solo un problema técnico, sino una expresión de una crisis climática y social profunda. A nivel global representa una de las principales fuentes de emisiones de metano y CO2, y a nivel local refleja una desconexión con la naturaleza y con los ciclos de la vida. No obstante también ofrece una oportunidad histórica de transformar nuestro sistema de gestión hacia modelos verdaderamente sostenibles.

Desde la Alianza Basura Cero Ecuador (ABCE) —red que articula más de cuarenta organizaciones, universidades y colectivos que impulsan el compostaje, el reciclaje inclusivo, la reducción del plástico y la educación ambiental— hemos acompañado procesos exitosos en diversos territorios y capacitado a los 221 GAD del país en sistemas Basura Cero. Nuestras propuestas, basadas en experiencias nacionales e internacionales, colocan la salud de las personas y la integridad de los ecosistemas en el centro de la gestión.

Pese a reiterados pedidos de diálogo y mesas técnicas, los procesos de socialización del proyecto han sido unilaterales y carentes de participación real y construcción colectiva. Muchos de nuestros aportes se han tomado de forma simbólica o fragmentada, sin integrarlos a una estrategia coherente. Esta exclusión limita la posibilidad de construir soluciones efectivas, participativas y sostenibles.

El 12 de junio de 2024, durante la socialización del proyecto, advertimos que se trata de una propuesta centrada en tecnologías de incineración y coprocesamiento, cuyos impactos negativos sobre la salud y el ambiente están ampliamente documentados. Estudios de Global Alliance for Incinerator Alternatives GAIA y otras investigaciones científicas demuestran que estos procesos liberan dioxinas, furanos, metales pesados, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas finas, todas sustancias asociadas a cáncer, trastornos endocrinos, daños neurológicos y reproductivos (GAIA, 2025¹). En Ecuador, además, la normativa ambiental no establece límites ni protocolos claros para la medición de dioxinas y furanos, lo que deja a la población sin garantías reales de control. Este tipo de tecnologías pone en riesgo directo la salud pública, la soberanía alimentaria y el derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminantes orgánicos persistentes (Arts. 15, 32, 66, 281.13 y 403).

A esto se suma la falta de transparencia en los acuerdos entre el Municipio y la empresa Holcim, ya que no se ha informado públicamente sobre los términos contractuales, costos de transporte ni mecanismos de control. Este modelo no solo es financieramente incierto, sino ambientalmente riesgoso.

Por otro lado, el proyecto desconoce el potencial del compostaje descentralizado. El 25 de mayo de 2024, durante el Encuentro Nacional Basura Cero Ecuador, presentamos a la Secretaría de Ambiente y a EMGIRS EP una hoja de ruta concreta con quince experiencias activas en escalas domiciliarias, barriales y comunitarias. Este modelo, además de ser económico y participativo, reduce significativamente la necesidad de disposición final de residuos orgánicos. Sin embargo, fue ignorado: se optó por la compra de composteras plásticas a una sola empresa, sin plan de separación en la fuente ni participación ciudadana.

Asimismo, preocupa que se pretenda firmar un contrato a 20 años, lo que comprometería los recursos de futuras administraciones y encadenaría a la ciudad a un modelo tecnológicamente obsoleto y ambientalmente riesgoso, limitando la innovación y la soberanía local sobre sus residuos.

Los aspectos más críticos del proyecto son:

1. Falta de un plan integral de manejo de residuos, sin incluir prevención, reducción, reutilización ni reciclaje en origen, contraviniendo el Código Orgánico del Ambiente y los estándares internacionales.
2. Exclusión de personas recicladoras de base, desconexión dentro del proyecto del complejo ambiental y el modelo de gestión municipal para la gestión de los residuos, lo que afectaría su labor y sustento. De acuerdo al último registro del Ministerio de Inclusión Económica MIES existen más de 886 recicladores registrados en el Distrito Metropolitano de Quito, siendo más del 60% mujeres jefas de hogar.
3. Ausencia de separación en la fuente y metas de reducción, limitando el compostaje al 2 %, lo cual es inviable frente a una fracción orgánica superior al 50 %.
4. Opacidad en los convenios con la industria cementera, sin información pública sobre costos, contratos o controles de emisiones.
5. Contratos a largo plazo que atan el futuro de Quito a un modelo centralizado y contaminante.

Por todo lo expuesto, expresamos las siguientes peticiones:

1. Incluir formalmente a la Alianza Basura Cero Ecuador (ABCE) en la construcción participativa y mesas técnicas para el sistema metropolitano de gestión integral de residuos sólidos, conforme al Art. 61 de la Constitución y la Ordenanza 038-2022.
2. Promover la separación en la fuente y la inclusión de recicladores de base, fortaleciendo su condiciones de trabajo y reduciendo la disposición final de los residuos.
3. Transparentar los acuerdos con empresas gestoras de residuos publicando el contrato y los estudios técnicos asociados al coprocesamiento.
4. Ampliar y fortalecer los Centros de Educación y Gestión Ambiental (CEGAM), integrando el compostaje domiciliario, barrial y comunitario.
5. Incorporar un enfoque de salud pública en todas las decisiones sobre residuos, garantizando el monitoreo y control de contaminantes orgánicos persistentes.

Quito merece un modelo de gestión de residuos basado en justicia social y climática, que reconozca a sus recicladores, impulse la separación en la fuente, fortalezca las economías locales y promueva una educación ambiental permanente. Lo que está en juego no es solo dónde disponemos la basura, sino qué tipo de ciudad queremos ser: una ciudad que reproduce inequidades y contratos que hipotecan el futuro, o una ciudad que escucha a su gente, cuida su territorio y apuesta por modelos Basura Cero. En ese sentido, reiteramos nuestro compromiso de colaboración para ser considerados aliados estratégicos para la gestión integral de los residuos entre la comunidad y el municipio de Quito.